Entre la justicia y la reconciliación

En septiembre pasado se descubrió un osario cerca del aeropuerto de Dili. En él se amontonaban los restos de víctimas muertas entre 1975 y 2002 por el ejército indonesio de ocupación, que recibió la ayuda de policías, militares y milicianos de Timor Oriental, parte de los cuales permanecen impunes. Hoy el poder gubernamental toma la decisión, ampliamente rechazada, de la amnistía, con el supuesto objetivo de la pacificación. Esta cultura de la impunidad socava un número nada desdeñable de iniciativas tendientes a establecer un Estado de derecho.

El hombre ostenta una robusta barba blanca; todavía es buenmozo. Sale con esfuerzo de un taxi abollado y lanza miradas temerosas a su alrededor, como si viera fantasmas. Con los ojos pegados al suelo, avanza a paso lento hacia su casa, un chalet de una planta rodeado de un césped prolijamente cortado y ubicado en los alrededores de Dili. Cuando se acerca a la puerta, el hombre levanta lentamente la cabeza. Nuestros ojos se cruzan; él esboza una mirada pero no me ve.

Sin embargo, “mi padre no le tenía miedo a nada, era un ferviente defensor de la independencia”, me explicó, el día anterior, su hija Cris Carrascalão. Mediadora en el ámbito de la infancia y la resolución de conflictos, Cris se acerca a los treinta años pero parece mayor. Estamos sentadas en un rincón aislado del Turismo, uno de los hoteles más antiguos de Dili, frente al mar. Del otro lado de la bahía, la hermosa isla montañosa de Atauro parece inaccesible bajo la luz del crepúsculo. Carrascalão habla libremente, aunque parece distraída…

“El 17 de abril de 1999, mi padre Manuel nos dijo adiós, a mí y a mi hermano menor, Manuelito, y salió en auto para Dili. Cerca del aeropuerto, oyó que nuestra casa había sido rodeada por milicianos. Trató de volver sobre sus pasos, pero era demasiado tarde.” Ese día, a la mañana temprano, el jefe de la milicia pro-indonesia Aitarak (“Espina”), Eurico Guterres, había reunido a miles de hombres. En 1999, Guterres sembró el terror en Dili y sus alrededores, antes, durante y después del sangriento referéndum por la independencia de Timor Oriental (1). Las imágenes televisivas de ese período muestran a un joven, radiante jefe de pandilla sostenido por el ejército indonesio arengando a las multitudes y llamando a sus milicianos a asesinar militantes timorenses.

Decenas de personas que huían de la campaña del terror se habían refugiado en la casa de los Carrascalão. “Había 150 personas en el patio”, cuenta Cris Carrascalão en un tono neutro. Sólo sobrevivieron 45. “Es un milagro que yo esté viva, no tuve ni un rasguño –continúa–. Mi hermano fue su primera víctima. Cortaron su cuerpo en pedazos. A muchas personas asesinadas en nuestra casa se las llevaron; nunca se las encontró. La mayoría eran campesinos que sólo querían cubrir sus necesidades. No hacían política. Los culpables de la masacre nunca fueron juzgados. Mi padre tuvo un ataque cardíaco y después otro. Está destrozado.”

Indulgencia e impunidad

En Timor Oriental, pocas familias se salvaron de la invasión indonesia de 1975. Durante la ocupación, un tercio de la nación fue aniquilada por los bombardeos, la hambruna y los asesinatos sistemáticos. Sin contar los desplazamientos forzados de gran parte de la población, las violaciones, las torturas y demás. Es una de esas masacres per capita de la historia reciente, sin duda tan terrible como las perpetradas en Camboya o en Ruanda.

Tras el voto masivo a favor de la independencia en 1999, soldados y milicianos apoyados por Indonesia cometieron nuevos actos de violencia. Cerca de mil personas fueron asesinadas, y el 75% de los edificios fueron destruidos. A pesar de la conformación de cortes especiales en Timor Oriental y en Indonesia, así como la publicación de numerosos informes, los principales sospechosos jamás fueron llevados a la Justicia. Los familiares de las víctimas sufren mucho debido a ello (2).

En agosto de 2008, poco después de la publicación del informe final sobre los acontecimientos de 1999 elaborado por la Comisión Indonesia-Timor Leste sobre la Verdad y la Amistad, el presidente José Ramos-Horta intentó justificar su decisión de otorgar una amnistía al miliciano timorense Joni Márquez, condenado a 33 años de prisión efectiva. Entre otras cosas, Márquez, que dirigió la milicia proindonesia Tim Alpha, ordenó hace nueve años la masacre a golpes de hacha de una delegación de monjas y sacerdotes comprometidos en la ayuda humanitaria. “Puedo entender que el presidente lo perdone –se lamenta Adorito da Costa Freitas, sobrino de una víctima–. Pero no está bien que un hombre condenado a 33 años de cárcel pueda vivir en libertad, cerca de nosotros, que somos sus víctimas (3).”

En total, dieciséis personas recibieron la amnistía del Presidente. Cuatro de ellas, miembros de Tim Alpha, eran culpables de crímenes contra la humanidad.
Ramos-Horta, que escapó de un intento de asesinato en Dili el 11 de febrero de 2008, sostiene que el país debe resolver su pasado trágico mediante el perdón. “Como presidente, estoy solo ante la decisión de amnistiar según mi conciencia, porque sé que nosotros, los timorenses, también debemos asumir nuestras res¬pon¬sabilidades –declaró en una entrevista para ABC, en Sidney, el 28 de julio último–. El camino de la venganza no conduce a ningún lado.”

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos condenaron fuertemente esas amnistías. “Está claro que la impunidad por los crímenes graves no puede ser un buen mensaje”, afirma Louis Gentile, representante de Timor Oriental en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La misma opinión tiene Timotio de Deus, dirigente de la organización de defensa de los derechos humanos Judicial System Monitoring Program: “Por más loables que sean en teoría, los intentos por alejarse de la violenta herencia nacional no deberían pasar por alto el Estado de derecho”.

El país, en la encrucijada

Según el muy carismático primer ministro timorense, Xanana Gusmão, jefe de la resistencia entre 1978 y 1992 (fecha de su captura), el país pasó un límite luego de los hechos violentos ocurridos en Dili en 2006, cuando militares disidentes se dedicaron a las exacciones. 2008 es un “año de reforma”. En el interior del país, un tercio de la población desplazada volvió a su lugar de origen o a albergues temporarios. Los asentamientos que queden serán cerrados de aquí a enero de 2009. La lucha contra la corrupción figura entre “nuestras prioridades políticas”, afirma Gusmão, que promete una nueva ley y una comisión anticorrupción, así como una reforma del ejército y de la policía.

“Desde el 11 de febrero hemos logrado reunir al ejército y la policía –señala el Primer Ministro–, mientras que, hasta ahora, los policías y los militares se peleaban y se mataban entre ellos. Ese clima incitaba a los jóvenes a matarse también, a quemar casas, a hacer de la violencia su cotidianeidad. Hoy (…) se ve menos violencia en la calle. Somos una nación joven (4).”

Según Tim Budge, director nacional de la Agencia de Desarrollo Plan Timor Leste, 2008 marca, en efecto, una clara evolución hacia la estabilidad. “Paradójicamente –explica–, esto se produjo después del 11 de febrero y los ataques contra Ramos-Horta y Gusmão. Cuando se supo que Ramos-Horta se iba a salvar, hubo un cambio en el estado de ánimo. La gente empezó a aspirar a la estabilidad y las poblaciones desplazadas decidieron volver a sus casas.”

Es imposible saber cuánto tiempo durará. Pero según calcula Budge, “los timorenses deben percibir que las cosas se están moviendo en la buena dirección, que hay ayuda y esperanza para ellos”. La extrema pobreza, los precios exorbitantes del arroz y las alarmantes tasas de desempleo –en Dili, más del 50% de los jóvenes están inactivos– representan enormes desafíos y hacen más difícil cualquier previsión. “La población espera mucho de los políticos –asegura Budge–. Si hay corrupción, todo puede tambalear.”

Un reciente informe de las Naciones Unidas señala que Timor Oriental puede elegir el camino del progreso o el de la violencia (5). El informe da cuenta de las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas armadas durante el estado de sitio decretado tras el atentado, entre el 11 de febrero y el 8 de mayo de 2008. Se retuvieron 58 denuncias, que van desde golpes hasta amenazas de muerte.

“Se invirtieron muchos esfuerzos e importantes recursos en la reconstrucción de la policía y el ejército”, explica Pat Walsh, consejera del Primer Ministro en materia de Justicia. Pero ambos han sido contaminados por el sistema que estaba vigente durante la dominación indonesia y el virus se revela muy difícil de erradicar, tanto como una malaria endémica. El futuro del ejército es una cuestión fundamental, pues la crisis de 2006 empezó en sus filas.

Dicen que este año el Primer Ministro se encontró con Guterres, el autor de la masacre en lo de los Carrascalão, quien había huido a Indonesia en 1999. A pesar de ello fue juzgado y liberado este año, ya que la Corte Suprema indonesia anuló la acusación de crímenes contra la humanidad y su pena de diez años de prisión. Guterres, que durante mucho tiempo fue un miembro activo del Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), anunció su intención de presentarse en las elecciones parlamentarias de Indonesia. Según el escritor Jesse Wright, ex editor del Dili Weekly, Guterres se habría encontrado con el Primer Ministro timorense para discutir las relaciones entre Timor Oriental y las provincias indonesias limítrofes en las que espera ser elegido diputado.

“Si usted hace una encuesta, estoy convencido de que la población no aprobaría esa reunión –declara Wright–. Pero yo no hablaría de indignación. Es más bien una decepción.” Como asegura John M. Miller, coordinador de la organización estadounidense East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), “Gusmao parece querer ubicar el perdón por encima de la justicia, incluso para los peores criminales”.
Para Wright, “aunque el presidente no tiene la facultad de otorgar una amnistía inmediata a Rogerio Lobato (6), los tribunales no revocaron esa decisión. ¿Qué se puede hacer cuando un presidente infringe él mismo las leyes nacionales y los tribunales no hacen nada? Cuando no hay justicia en el más alto nivel del Estado, es muy difícil implementarla en la parte más baja de la escala”.

El 12 de noviembre de 1991, Sancho Gonsalves perdió a su hermano Ulyssis Cipriano, una de las cien víctimas que se le adjudican al ejército indonesio durante y después de una manifestación pacífica en el cementerio Santa Cruz de Dili. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. De todas maneras, hubo algunas exhumaciones, pero 628 potenciales emplazamientos no pudieron ser examinados. En julio y en agosto de 2008, luego de años de negociaciones, un grupo de antropólogos forenses argentinos y australianos pasó muchas semanas, cerca de Dili, buscando osarios. Según la doctora Soren Blau, una de los responsables de las excavaciones, hasta el día de hoy hubo una “campaña de negación” a propósito de esos muertos.

“En Timor Oriental, la búsqueda de la verdad está íntimamente ligada al duelo –explica–. Ese duelo no puede terminar hasta que los cuerpos sean enterrados como corresponde y los espíritus de los muertos puedan descansar en paz. El reconocimiento y la comprobación histórica exacta del sufrimiento representan una forma de hacer justicia. Tomar el control de los muertos aprobando la exhumación de los osarios permite de alguna manera reforzar el rol del gobierno.” Ochenta familiares de desaparecidos se reunieron en uno de esos emplazamientos. Algunos jefes locales asistieron a una ceremonia tradicionalmente organizada por un anciano de la comunidad que llamó al “espíritu de los muertos a guiarlos”.

Aunque se descubrieron pocos cuerpos, Gonsalves afirma: “Queremos seguir”. Según explica la doctora Blau, el hecho de que el Primer Ministro se haya presentado en el lugar de uno de los osarios dio “nuevas esperanzas. Durante dos horas, se tomó el tiempo de escuchar a las familias. Esas acciones muestran a la población que el gobierno les da importancia a las personas –vivas y muertas– afectadas por estas atrocidades”.

Cris Carrascalão comparte ese punto de vista: “¿Cómo podemos ir hacia adelante si simplemente no sabemos todo? Yo sigo haciendo el duelo de mi hermano, de mi vieja familia, de lo que era entonces… Y sin embargo la vida continúa”. ♦