El presidente García ha declarado que fue un error “fujimorizar” las relaciones con el Japón. Todo indica que la equivocación es del presidente García: el Perú solo requirió al Japón aquello que Chile aceptó. No hay que olvidar que el Japón demoró más de cinco años y no resolvió nada. La extradición de Alberto Fujimori lo que está permitiendo es que se le siga un proceso con todas las garantías de ley.

El presidente Alan García, con ocasión de su reciente visita al Asia, declaró que el Perú había cometido un error cuando “enfrió” sus relaciones con el Japón, a propósito del pedido de extradición plantea¬do a ese país para que entregara a Alberto Fujimori.

Refrescar la memoria es útil, aún cuando se trate de temas reiterativos, sobre todo si de por medio está una decisión de Estado.

La historia es harto conocida: Alberto Fujimori fugó del Perú el año 2000, renunció por fax desde Tokio a la presidencia de la república e invocando una, hasta ese momento, ignorada nacionalidad japonesa se refugió en el Japón.

Como es natural, el Perú de inmediato formuló el respectivo pedido de extradición para que Japón entregara a Alberto Fujimori a fin de que sea juzgado, con todas las garantías legales aplicables, por los varios delitos que se le imputaban, dentro de ellos los denominados de lesa humanidad por atentar contra los derechos humanos.

Es del caso destacar que la solicitud de extradición era una decisión de Estado y correspondía exactamente al clamor del país. No sólo eso: era menester resarcir la dignidad nacional, ciertamente vulnerada por la inaceptable conducta de quien ejerció la más alta magistratura, así como la autoestima de la ciudadanía igualmente dañada por aquel que invocó súbitamente otra nacionalidad –la japonesa– no obstante haber sido jefe de Estado del Perú. Descubrir que el país había sido gobernado por un extranjero no es precisamente un acto fácilmente comprensible.

Cabe recodar, también, porque conviene a la memoria histórica, que el APRA, actual partido de gobierno, jugó un rol sustantivo en la determinación de exigir la extradición de Fujimori desde el Japón para que responda ante los tribunales de justicia del país.

Haber anunciado al mundo el reclamo del Perú ante el Japón, en el contexto de los acontecimientos sucedidos, no fue, pues, ningún error sino una justa solicitud, derivada, además, de la necesidad de que la ley debe aplicarse sin distingos.

Que el Japón, a pesar de su deliberada demora en atender la pertinente solicitud de extradición, haya entendido, equivocadamente por cierto, que el Perú estaba procediendo inamistosamente, conlleva, allí sí, indudablemente, una equivocada interpretación de los hechos.

No hay que olvidar, en efecto, que Japón se tomó algo más de cinco años para tramitar la extradición, la cual finalmente no tuvo pronunciamiento ninguno, desde que Fujimori viajó a Chile y dejó sin materia la solicitud de entrega.

Contrariamente a lo sostenido, es el Perú el que debía sentirse afectado por la renuente y decididamente injustificada actitud del Japón en considerar la pertinencia del pedido formulado. Una extradición de alguien al que se le imputaban delitos de lesa humanidad, por lo demás aparejados de sentencias de la Corte de Derechos Humanos supranacional con sede en Costa Rica, no merecía las articulaciones destinadas sólo a impedir su oportuna resolución. Recuérdese, si no, el repetido pedido del Japón para traducir los expedientes y devolverlos en varias ocasiones por supuestos errores idiomáticos.

Si se “enfriaron” las relaciones peruano-japonesas por haberlas fujimorizado, como se ha venido diciendo, ello no obedeció a una decisión del Perú sino, en cualquier caso, a la única y exclusiva reacción del Japón. Era inevitable que el Perú procediera de la manera que lo hizo, así como también lo era que insistiera en todo foro internacional a reclamarle al Japón, como Estado soberano, ejercer el derecho de procesar, por su inconducta, a quien había personificado a la nación. Lo que era perfectamente evitable fue la reacción del Japón de hacer oídos sordos y desa¬tender una pedido que, finalmente, como se ha constatado, era procedente, al extremo de que Chile accedió a la solicitud y entregó extraditado a Alberto Fujimori, quien viene siendo procesado en un juicio justo, rodea¬do de todas las garantías, tanto es así que su propia defensa lo ha reconocido en repetidas ocasiones.

No hubo error, entonces, ni exceso alguno, en la soberana determinación, adoptada por los gobiernos democráticos de los presidentes Paniagua y Toledo cuando reclamaron la extradición de Fujimori al Japón.

El error ha sido, en todo caso, la infeliz declaración presidencial en el sentido de que hubo equivocación en distanciar las relaciones con el Japón. Y es que sostener esa apreciación es descalificar, implícitamente, la extradición concedida por Chile e, inmotivadamente, afectar el imparcial proceso que se le viene siguiendo a Fujimori en la justicia peruana.

No es justo, ni con la historia ni con la memoria del país, imputar equivocaciones allí donde lo que hubo fue exactamente lo contrario.

El Perú no tenía ni tiene –tampoco– por qué pedir disculpas ni perdón por una conducta apropiada, acorde a sus propios sentimientos, destinados a resarcir los daños causados por quien debe asumir su responsabilidad.

Bienvenida sea la reconstrucción de las relaciones del Perú y Japón, el reencuentro de dos pueblos igualmente milenarios, unidos en el tiempo. Para ello, no obstante, la historia debe quedar tal cual, como sucedieron los hechos, registrando las conductas de cada quien, sin imputaciones injustificadas y, menos aún, sin decir que hubo equivocación ni sugerir perdón alguno por parte del Perú.

* EDITOR-CONSULTOR JURÍDICO DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, EDICIÓN PERUANA.