El pasado 20 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría el Tratado de Lisboa, que persigue la reforma de las instituciones de la Unión Europea. A pesar del manifiesto apoyo político a este nuevo instrumento jurídico –versión simplificada del fallido Tratado Constitucional Europeo rechazado por Francia y Holanda en las consultas populares de 2005–, la negativa popular es evidente.
El 1 de enero de 2009, algunos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) correrán el riesgo de dotarse de instituciones que han sido rechazadas por su pueblo. El Tratado de Lisboa –firmado en diciembre pasado por los jefes de Estado o de Gobierno– deberá quedar entonces ratificado por todos los países miembros. Hungría, Malta, Eslovenia, Rumania y Francia ya lo han hecho.
Sin embargo, Nicolás Sarkozy había declarado en su momento: “Ser un europeo consecuente y un hombre político responsable es no hacer como si nada hubiera pasado después del ‘no’ francés al Tratado Constitucional Europeo (TCE). Los franceses nos han dado un mensaje, que yo quiero tener en cuenta”. Esto era en junio de 2006…
Como aparentemente su elección como presidente le dio carta blanca para anular la expresión de la voluntad popular en materia europea, acaba de lograr que más de tres cuartas partes de los parlamentarios franceses voten un texto casi idéntico al que el 54,68% de los electores había rechazado el 29 de mayo de 2005. El Partido Socialista (PS) habría podido imponer otro referéndum. Se había comprometido a hacerlo, pero renunció a ello.
Algunas semanas antes de las elecciones europeas de 2004, Anthony Blair, preocupado por adelantarse y frustrar a los numerosos euro-escépticos en el Reino Unido, prometió someter a sufragio universal la ley fundamental de la UE. Pero el sucesor que eligió, Gordon Brown, prefirió confiar al Parlamento británico el cuidado de ratificar el Tratado de Lisboa (1).
En junio de 2005, los ciudadanos holandeses rechazaron el TCE con el 62% de los votos. Para no correr el riesgo de volver a consultarlos, ya que no siempre responden de manera conveniente, será el Parlamento el que pronto deberá ratificar el texto aceptado en diciembre pasado por el Consejo Europeo. En Portugal, finalmente, el Partido Socialista había proclamado, durante las elecciones legislativas de febrero de 2005, que sometería el proyecto constitucional al voto popular. Pero el primer ministro José Sócrates dio marcha atrás con el pretexto de que –como Sarkozy, como Brown, como los socialistas holandeses– “las circunstancias han cambiado completamente. Es un Tratado diferente. ¿Acaso no fue “simplificado”? (2)
Semejante atrevimiento nos deja pensativos cuando, en Francia, Valéry Giscard d’Estaing concede, sin esfuerzo, que “en el Tratado de Lisboa, redactado exclusivamente a partir del proyecto de TCE (muerto en 2005), los instrumentos son exactamente los mismos. Sólo el orden fue cambiado en la caja de instrumentos” (3). “No hay diferencia sustancial” (entre los dos textos), observó también la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de los Comunes dominada, sin embargo, por el Partido Laborista. En resumen, solo los irlandeses tendrán derecho, en mayo o junio, a un referéndum.
En 1983, François Mitterrand se declaraba “dividido entre dos ambiciones, la construcción de Europa y la justicia social” (4). ¿Será ahora la democracia la que pone un obstáculo a la primera de esas ambiciones? ¿Resulta indiferente que los parlamentarios que contradijeron la decisión del sufragio universal pertenecen cada vez más a las clases sociales privilegiadas, mientras el “no”, tanto en Francia como en Países Bajos, ganó fácilmente entre el electorado popular?
El ex ministro Jack Lang, catedrático de derecho público, ha respondido tal vez a todas estas preguntas, ya que consideró inútil “pelearse por disposiciones jurídicas que ni siquiera los especialistas entienden. Y después de todo, ustedes saben, un Tratado no es más que un Tratado”.
REFERENCIAS
(1) Esta ratificación fue aprobada por la Cámara de los Comunes el 21-1-08, por 362 votos contra 224. La Cámara de los Lores todavía debe pronunciarse.
(2) En su alocución radiotelevisiva del 10 de febrero último, Sarkozy empleó cinco veces este adjetivo. Sin embargo, el proyecto tiene 287 páginas, 356 modificaciones a los Tratados anteriores, además de 13 protocolos, 65 declaraciones y un anexo. Véase Bernard Cassen, “Resurrección de la Constitución Europea”, Informe Dipló, 14-12-07 (www.eldiplo.org).
(3) Valéry Giscard d’Estaing, “La boîte à outils du traité de Lisbonne“, Le Monde, París, 27-10-07.
(4) Mencionado por Jacques Attali, Verbatim 1, Fayard, París, 1993.
