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Terrorismo de Estado en Filipinas

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Como si las desastrosas consecuencias de las “reformas” de la década de 1990 no hubiesen sido suficientes, la crisis alimentaria golpea de lleno a los filipinos. El precio del arroz, su alimento base, ha aumentado vertiginosamente. La tensión es tal que, en abril, la armada distribuyó varias tropas en los barrios más pobres de Manila. El 1 de mayo, comandos de elite de la policía se desplegaron por los grandes ejes de la capital, mientras que las unidades antidisturbios, en estado de alerta máxima, protegían los edificios gubernamentales.

Comuna de Baggao, provincia de Cagayan, al norte de la isla de Luzón. El 11 de noviembre de 2006, Joey Javier se dirigía a una reunión de la organización campesina Kagimungan que presidía. “Había llovido mucho la noche anterior –recuerda Dominga Javier– y, después de pasar el puente, el triciclo se atascó. Mi marido descendió para empujar. Fue en ese momento que se acercaron dos hombres y le dispararon a quemarropa. La base militar está a menos de cien metros, pero nadie intentó detener a los asesinos.”

Dos semanas más tarde, Anthony Licayoyo, quien lo reemplazó a la cabeza de la organización, también fue asesinado. Al mes siguiente, su sucesor, Pedro Frances, logró escapar a un atentado. El 21 de enero de 2007, otros dos militantes de Kagimungan fueron muertos a balazos. El 7 de agosto, balearon la casa de Ambot Asucena, responsable del sector juvenil de la organización. La víctima pudo identificar a sus agresores antes de morir: militares del 21º Batallón de Infantería. Finalmente, el 9 de septiembre, dos campesinos miembros de Kagimungan fueron secuestrados por soldados del 17º Batallón de Infantería; sus cadáveres, recuperados poco después, mostraban signos de tortura.

“En julio de 2006 –explica Isabelo Adviento, actual presidente de Kagimungan– el Ejército se instaló en la Municipalidad de Baggao, donde se encuentra el núcleo duro de nuestro movimiento. El mismo mes, incendiaron las instalaciones de Radio Cagayan, que acabábamos de inaugurar, y durante los meses siguientes, se multiplicaron las ejecuciones. Los soldados entran en las casas, convocan a los habitantes a reuniones de propaganda donde nos presentan como cómplices de la guerrilla; obligan a los campesinos a ‘rendirse’ –¿pero rendirse de qué?–, a servir de guía para el Ejército o a sumarse a la milicia paramilitar de las CAFGU (1).” Kagimungan es una organización legal que agrupa a los pequeños agricultores de la provincia. Estos últimos años, la asociación impulsó la lucha contra el sistema de aparcería actualmente en vigor, logrando que los campesinos dejaran de entregar el 50% de su cosecha a los “señores de la tierra”; también consiguió imponer a los comerciantes condiciones de venta de las cosechas menos desfavorables para los pequeños productores (2).

Últimamente, Kagimungan se hizo eco de la preocupación de sus miembros frente a los riesgos de expropiación e introducción de cultivos genéticamente modificados vinculados a la implementación del “North Luzon Super Economic Planship”. Este extenso programa económico prevé la construcción de un puerto ultramoderno en el norte de la isla, la creación de zonas francas y el desarrollo de cultivos destinados a la exportación. Lanza un llamado masivo a los capitales extranjeros y, al decir de las autoridades, los dirigentes de Kagimungan serían hoy los “últimos obstáculos” para su puesta en marcha. “Una manera de indicar el blanco a los asesinos”, interpreta Adviento quien, por razones de seguridad, abandonó su ciudad y cambia frecuentemente su lugar de residencia.

Guerra sucia ultraliberal

“La situación en la provincia de Baggao es emblemática de lo que sucede en otras partes del país –estima Renato Reyes, secretario general de Bayan, una coalición de organizaciones populares–. En nombre de la lucha antiterrorista, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo libra una guerra sucia contra todos los que se oponen a su política ultraliberal.” Desde que fue elegida, en 2001, la Presidenta aseguró en efecto que convertiría a Filipinas en un país del primer mundo gracias a la liberalización del comercio y de las inversiones, reformas fiscales y la privatización del patrimonio del Estado.
Reyes describe un panorama clásico en muchos países del Sur: “El rápido crecimiento del que se jacta el régimen es una burbuja inflada por los préstamos y el ingreso masivo de capitales extranjeros. Con el fin de atraer a los inversores, el gobierno cuestiona el derecho laboral, concede grandes porciones del territorio a las multinacionales mineras, abre zonas protegidas a la exploración petrolera, firma acuerdos comerciales que condenan a nuestros campesinos para reemplazarlos por monocultivos destinados a la exportación o a la producción de agrocarburantes…”.

Algunas cifras dan una idea del impacto de esta política sobre las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes: el 80% de la población vive con menos de un dólar y medio por día; el número de niños menores de quince años no escolarizados aumentó de 1,8 a 3,1 millones entre 2001 y 2006; el 26% de los beneficiarios de la reforma agraria (3) fueron obligados a vender sus tierras, y esta nación agrícola es actualmente uno de los principales importadores mundiales de arroz. “De todas formas, Filipinas dispone de organizaciones populares dinámicas, a menudo forjadas en la lucha contra la dictadura o los movimientos de oposición a las bases militares estadounidenses, que enfrentan las decisiones económicas del gobierno –continúa Reyes–. Para tratar de acallar estas voces, el gobierno implementa una política de terror que califica de ‘estrategia contra-insurreccional’.”

De hecho, uno tras otro, los gobiernos filipinos enfrentaron la presencia de movimientos de lucha armada. Fundado en 1969, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), guerrilla de extracción marxista, contaría con aproximadamente ocho mil combatientes distribuidos en sesenta y dos frentes que cubren el conjunto del territorio, mientras que los independentistas musulmanes del Frente de Liberación Islámico Moro (FLIM), del Frente de Liberación Nacional Moro (FLNM) y los grupos de Abu Sayyaf se encuentran en las islas de Mindanao, Sulú y Joló, al sur del archipiélago (4).

Aunque haya iniciado negociaciones con las diferentes facciones –excepto el grupo con Abu Sayyaf– la presidenta Arroyo, siguiendo los pasos de George W. Bush en su cruzada antiterrorista, privilegia la mano dura. Las conversaciones de paz con el NEP están interrumpidas desde 2004 y, en abril de 2007, alegando rumores de golpe de Estado, la Presidenta decretó el estado de emergencia nacional y declaró la guerra total a los grupos armados. “El estado de emergencia no existe en la Constitución filipina –analiza Reyes– pero, detrás del efecto del anuncio, estas declaraciones significan una carta blanca dada al Ejército para continuar e intensificar su guerra sucia.”

Desde 2001, las Fuerzas Armadas filipinas pusieron en marcha el Oplan Bantay Laya I, reemplazado a partir de 2007 por el Oplan Bantay Laya II. Concebidos sobre el modelo de la Operación Fénix llevada a cabo por los estadounidenses durante la guerra de Vietnam, tienen como blanco los supuestos apoyos civiles a los grupos rebeldes. Una estrategia que Norberto Gonzales, secretario de la Presidencia responsable de los Asuntos de Seguridad, justificó en varias oportunidades: “La guerrilla que combatimos ya no es una guerrilla clásica, se infiltró en nuestro proceso democrático”.

Las acciones del general Jovito Palparan, designado a la cabeza de las Fuerzas Armadas de la región de Luzón Central a partir de agosto de 2005, son al respecto ejemplares. Abandonando las zonas de fuerte actividad de la guerrilla, sus tropas se desplegaron alrededor de los polos de desarrollo económico, especialmente allí donde el ambicioso proyecto de construcción de una red de autopistas, el Global Gateway Project (5), enfrenta una fuerte oposición de los campesinos que fueron expulsados de sus tierras o amenazados de expulsión y de los transportistas que, con la implementación de peajes, deben asumir costos adicionales.

Grupos paramilitares operan en colaboración con el Ejército y, sólo durante 2006, ochenta y tres líderes y militantes de izquierda, campesinos, defensores de los derechos humanos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la región de Luzón Central.
Por supuesto, el general Palparan niega haber ordenado estos asesinatos. Explicó sin embargo que las ejecuciones extrajudiciales “ayudan” al Ejército en su combate contra “quienes incitan al pueblo a luchar contra el gobierno”, y son “pequeños sacrificios” que deben consentirse en nombre de la lucha contra-insurreccional (6). En el sitio internet de las Fuerzas Armadas (7), los blancos de esta lucha están claramente identificados: “En Roman Polintan, Fabian Hallig y Aurora Brocquil (8), el Partido Comunista y el NEP encuentran aliados y propagandistas…”. Y en la televisión australiana, ante el asombro de la periodista Karen Percy, el general Palparan reconocía sonriente: “Es posible que haya alentado o inspirado a algunas personas a hacer justicia… con sus propias manos” (9).

Desde luego, en agosto de 2006 el gobierno creó la Comisión Melo, encargada de investigar algunos casos de ejecuciones, pero la inconsistencia de los resultados no hace más que confirmar la ausencia de voluntad política del régimen para poner fin a estas exacciones. Y si bien es demasiado temprano para juzgar la eficacia del Writ of Amparo (10), la organización de defensa de los derechos humanos Karapatan señala que “el mismo día de la promulgación de la ley, la Presidencia enviaba una directiva al Departamento de Defensa con el fin ‘impedir la divulgación de secretos militares y las interferencias hostiles en las operaciones vinculadas a la seguridad nacional’”.

Quebrar la resistencia

El 26 de noviembre de 2007, el relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, declaraba: “Algunos sectores de las Fuerzas Armadas implementaron una estrategia deliberada de ejecución de líderes de organizaciones de izquierda (…), eliminaron a líderes de la sociedad civil, incluyendo a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, impulsores de la reforma agraria (…) y restringieron el espacio del discurso político”. A la teoría de los militares que atribuye gran parte de las ejecuciones extrajudiciales a presuntas purgas en el seno de la guerrilla, responde que ésta “sólo puede considerarse un intento cínico de trasladar las responsabilidades”. Y agregaba: “Las instituciones judiciales desviaron su camino con la persecución de los líderes de la sociedad civil en vez de sus asesinos”.

 

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